Análisis de la deuda federal a partir de la entrada de la 4T
26 de diciembre de 2025
Al cierre de 2025, el primer año completo de Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo federal, la llamada «Cuarta Transformación» (4T) enfrenta un escrutinio creciente por el legado financiero dejado por la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública neta del sector público federal ha escalado a niveles récord, alcanzando aproximadamente el 53.6% del PIB al cierre del año, con un monto total que supera los 18 billones de pesos. Esto representa un incremento significativo desde los 10.5 billones de pesos en 2018, lo que efectivamente duplica la deuda en siete años, según reportes de organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este análisis periodístico, basado en datos oficiales y reportes independientes, desglosa no solo el crecimiento de la deuda —incluyendo su componente externa, que ha aumentado en alrededor de 24.4 mil millones de dólares solo en el último trimestre de 2025, según el Banco de México (Banxico)— sino también los desvíos e irregularidades reportados en proyectos emblemáticos de la 4T. Aunque las cifras varían según las fuentes, organismos como la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han documentado anomalías que suman cientos de miles de millones de pesos entre 2019 y 2024, representando entre el 10% y 12% del presupuesto federal anual en algunos años.
El explosivo crecimiento de la deuda: ¿Herencia o estrategia?
Desde el inicio del sexenio de AMLO en 2018 hasta el traspaso a Sheinbaum en octubre de 2024, la deuda pública neta pasó de 10.5 billones de pesos a más de 16.8 billones, con un salto adicional a 18 billones en octubre de 2025, según el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la SHCP. Este incremento, que el IMEF califica como «duplicación» en términos reales ajustados por inflación y PIB, ha sido atribuido por críticos a megaproyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y la Refinería Dos Bocas, que absorbieron recursos masivos sin rendimientos inmediatos.
La deuda externa bruta, por su parte, cerró el tercer trimestre de 2025 en 657.5 mil millones de dólares, un aumento de 3.9% respecto al trimestre anterior, impulsado por financiamientos internacionales y presiones cambiarias. Banxico advierte que este nivel podría presionar el gasto social en 2026, donde el servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) podría consumir hasta el 25.9% de los ingresos presupuestarios, comparado con el 10.1% en 2018, según un análisis de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
Defensores de la 4T argumentan que este endeudamiento fue necesario para «rescatar» sectores estratégicos como Pemex y enfrentar la pandemia de COVID-19. Sin embargo, reportes independientes, como los de México Evalúa, destacan que el costo de intereses ha alcanzado niveles históricos, con un estimado de 1.1 billones de pesos solo en 2025, lo que limita inversiones en salud, educación y seguridad.
Desvíos e irregularidades: Un desglose que suma miles de millones
Más allá de la deuda, la ASF ha documentado irregularidades en el gasto público que, en un estimado conservador, superan los 540 mil millones de pesos (alrededor de 27 mil millones de dólares) entre 2019 y 2024. Un cálculo probable eleva la cifra a más de 600 mil millones de pesos. Estas anomalías, detalladas en informes anuales de la Cuenta Pública, incluyen sobrecostos, pagos irregulares y desvíos en programas clave. A continuación, un desglose basado en datos de la ASF, UIF y periodismo investigativo (como Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad – MCCI y Animal Político):
Casos de gran magnitud:
- Huachicol Fiscal: Reportado por el SAT y UIF en 2022, con desvíos estimados en 300 mil millones de pesos (15 mil millones de dólares) a través de facturación falsa y evasión en combustibles.
- Segalmex: Irregularidades por al menos 25 mil millones de pesos (1,250 millones de dólares), según ASF 2021-2022, incluyendo compras ficticias de granos y pagos excesivos. En 2022, se detectaron 2,346 millones en anomalías específicas, con solo una fracción recuperada.
- Pemex (sobrepagos y obras): Anomalías por 45 mil millones de pesos (2,250 millones de dólares) en auditorías 2020-2023, relacionadas con contratos inflados y obras inconclusas.
Casos de magnitud media:
- Tren Maya: Sobrecostos reportados en 80 mil millones de pesos (4 mil millones de dólares) por la ASF y organizaciones civiles. En la Cuenta Pública 2023, se detectaron irregularidades por 2,592 millones de pesos en pagos a sobreprecio y materiales, con un costo total triplicado respecto a estimaciones iniciales (de 120 mil a más de 341 mil millones de pesos).
- INSABI (desabasto y sobreprecios): 28 mil millones de pesos (1,400 millones de dólares) en irregularidades, según ASF 2020-2021, incluyendo compras de medicamentos a precios inflados durante la pandemia.
- Programas sociales: 22 mil millones de pesos (1,100 millones de dólares) en anomalías, como duplicidades en beneficiarios y pagos indebidos, per ASF 2019-2023.
Otros casos significativos:
- Sobreprecios COVID-19: 7 mil millones de pesos (350 millones de dólares) en adquisiciones de equipo médico.
- Aeropuerto Felipe Ángeles: Sobrecostos por 15 mil millones de pesos (750 millones de dólares).
- Estafas Maestras (diversas dependencias): 12 mil millones de pesos (600 millones de dólares).
- Megafarmacia: 2 mil millones de pesos (100 millones de dólares) en irregularidades.
- Mexicana de Aviación: 4 mil millones de pesos (200 millones de dólares) en inversiones cuestionadas.
Estos montos, aunque estimados y sujetos a variaciones metodológicas, representan una fracción del presupuesto federal anual. La ASF ha promovido responsabilidades administrativas en cientos de casos, pero solo una porción ha sido sancionada o recuperada, con investigaciones en curso.
Contexto y fuentes: ¿Transparencia o encubrimiento?
Las cifras provienen principalmente de la ASF (informes 2019-2023), UIF y reportajes de MCCI y Animal Político, que han documentado patrones de opacidad en contratos y ejecuciones. Críticos como México Evalúa señalan que el 89% de las observaciones de la ASF en 2024 (5,161 millones de pesos en irregularidades del último año de AMLO) permanecen pendientes de aclaración. Defensores gubernamentales argumentan que muchas «irregularidades» son administrativas, no desvíos intencionales, y que la 4T ha recuperado fondos a través de la UIF.
Sin embargo, el panorama para Sheinbaum es desafiante: el FMI proyecta que la deuda general del gobierno podría alcanzar el 60.7% del PIB en 2026, limitando el gasto social. En un año marcado por reformas controvertidas y protestas, este legado financiero podría complicar la promesa de «continuidad con cambio».
En conclusión, la 4T deja un balance mixto: avances en programas sociales contrastados con un endeudamiento histórico y desvíos que erosionan la confianza pública. Sheinbaum tiene la oportunidad de auditar y corregir, pero el tiempo —y el PIB— apremian. La verdadera transformación, al parecer, aún está por verse.